El Supremo ha abierto una tercera causa penal contra el juez de Garzón al admitir a trámite una querella en la que se le acusa de un delito de prevaricación por haber ordenado grabar las conversaciones que mantuvieron en la cárcel los principales imputados en la trama Gürtel y sus abogados.
Esta es la primera vez en la historia que el Tribunal Supremo abre tres causas penales consecutivas contra un mismo juez. Garzón ya está siendo investigado en el Alto Tribunal por su investigación de los crímenes del franquismo y por las subvenciones que recibió del Banco Santander para impartir unos cursos en Nueva York.
Esta nueva causa, al igual que las dos anteriores, ha sido admitida a trámite en contra del criterio de la Fiscalía, que pidió que se rechazara la querella al entender que los hechos no son
constitutivos de delito.
En el auto hecho público este jueves, los magistrados de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal aseguran que existen "dudas que se proyectan, cuando menos, sobre la legalidad" de las resoluciones adoptadas por Garzón y añaden que "las hipótesis incriminatorias planteadas por el querellante no parecen hasta tal punto absurdas y carentes de sentido que hayan de ser desestimadas".
La querella contra Garzón
fue interpuesta por el abogado y ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez, defensor del empresario José Luis Ulibarri, imputado en la trama de corrupción del "caso Gürtel". El letrado acusa a Garzón en su querella de haber cometido un delito de prevaricación al haber ordenado intervenir las conversaciones entre los imputados que se encontraban en prisión y sus abogados.
En concreto, el ex fiscal se refiere al auto dictado por Garzón el 19 de febrero de 2009 con el que ordenó a la policía la intervención de las comunicaciones orales y escritas que mantuvieron en prisión los tres principales imputados del "caso Gürtel", Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, incluyendo las efectuadas con sus abogados.
