Ha sido aprobada con los votos del Tripartito
La actitud de CiU con la Ley de Consultas 'es de partido antisistema'
El Parlamento ha aprobado, con los votos de los tres partidos que forman el Gobierno, la Ley de Consultas Populares, que permitirá convocar referendos en todos aquellos ámbitos en los que Cataluña tiene competencias. Para CiU la norma se queda corta, con lo que el principal partido de la oposición radicaliza su posición sobre el derecho a decidir.
La ley ha llegado al final de la tramitación con el aval del Consejo de Garantías Estatutarias, que la semana pasada emitió el dictamen que había solicitado el PPC. Garantías Estatutarias considera globalmente constitucional el proyecto de ley y sólo ha expresado reservas sobre algunos artículos, que no afectan al conjunto de la ley, respecto a los cuales todos los grupos han presentado nuevas enmiendas para resolverlas.
Uno de los grupos que ha votado en contra ha sido CiU, y lo ha hecho porque a su juicio, la ley se queda corta. Según su diputada Dolors Batalla, el Gobierno se ha "autolimitado" en la redacción, y ha lamentado que su grupo no pueda dar apoyo a la misma.
En este sentido, ha criticado que la ley no dé cobertura a las consultas populares sobre la independencia, ya que "aunque no sean vinculantes son un ejercicio saludable de los catalanes".
CiU, un 'partido antisistema'
La portavoz del Grupo Socialista, Lidia Santos, se ha felicitado por la aprobación de la nueva ley al considerarla "plenamente homologable a las leyes que en nuestro entorno regulan la participación por vía de referéndum".
La diputada socialista ha lamentado la posición de CiU en el debate de la ley ya que, según ella, "ha planteado el debate con criterios que están fuera de la constitución y para celebrar consultas saltándose la Carta Magna al estilo Ibarretxe". "CiU se ha convertido en un partido antisistema", ha sentenciado Santos.
Las condiciones para proponer referéndums
Este proyecto-que ha defendido el consejero de Gobernación y Administraciones Públicas, Jordi Ausàs-regula los referendos sobre cuestiones políticas de especial trascendencia impulsados por el presidente de la Generalitat, por el Parlamento, a propuesta de una quinta partes de los diputados o dos grupos parlamentarios; por un 10 por ciento de los municipios, que deben representar al menos medio millón de habitantes, y por iniciativa popular con el apoyo del 3 por ciento de la población. Todas estas consultas requieren primero el acuerdo de la mayoría absoluta del pleno del Parlamento y, después, la autorización del estado.
La ley también regula los referendos de ámbito municipal sobre asuntos de la competencia propia del municipio, impulsados a iniciativa del alcalde, de una tercera partes de los concejales y también con el aval de firmas de ciudadanos empadronados. En este caso, corresponde al pleno del ayuntamiento acordó el referéndum por mayoría absoluta de los concejales, pero también debe autorizar el estado.
