La justicia argentina reabre la investigación por los crímenes del franquismo

Además de anular el dictamen de una jueza federal de Buenos Aires, que había archivado esas actuaciones, el tribunal ha dispuesto solicitar al Gobierno de España que informe si está investigando esos crímenes en el período comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, apuntaron las fuentes.

Abogados de organismos humanitarios que patrocinan a los querellantes han dicho que la decisión del tribunal "repara el error" del archivo de la causa dispuesto en un fallo de la jueza María Servini de Cubría con el apoyo de la Fiscalía.

La Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal ha respondido así a una apelación presentada por familiares de españoles víctimas del franquismo que en abril pasado habían pedido a la justicia argentina que investigara múltiples crímenes de lesa humanidad amparándose en el principio de jurisdicción universal. Con la unanimidad de sus miembros, el tribunal ha declarado nulo "por carecer de fundamentación y sustento en el ordenamiento procesal vigente" el fallo que había archivado las actuaciones.

Además, ha aceptado la petición de la querella para que, por vía diplomática, se pida a España que informe "si efectivamente" se investiga allí la existencia de "un plan sistemático generalizado y deliberado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de Gobierno, a través de su eliminación física" en el lapso que va del 17 de julio de 1936 al 15 de junio de 1977".


El tribunal (argentino) dice que debe haber una investigación por el derecho que le asiste a quienes querellan y que por tratarse de delitos de lesa humanidad se deben agotar todas las instancias de investigación.

Demandas de familiares

Entre las demandas ante los tribunales de Buenos Aires figuran las de Silvia Carretero, viuda de Luis Sánchez Bravo, uno de los cinco últimos fusilados por el franquismo, y las de Darío Rivas, hijo de Severino Rivas, fusilado en 1936, e Inés García, sobrina de Elías García, asesinado en 1937.

En abril pasado, Rivas y García encabezaron la querella presentada ante los tribunales federales argentinos por genocidio con el auspicio de organismos humanitarios locales, entre ellos el Servicio de Paz y Justicia que dirige Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980.

La demanda fue ampliada poco después con 17 nuevos casos de víctimas gallegas, de un total de casi 5.000 represaliados por la dictadura en Galicia, identificados en una investigación realizada por universidades gallegas durante los últimos cuatro años.

La querella pidió listas de las fosas comunes halladas en España, un censo de los niños robados durante la dictadura, e información de "todas las empresas privadas beneficiadas del trabajo forzado y esclavo de los presos republicanos que aún siguen activas.