Tradicionalmente, la derecha de este país, como la del resto de países, ha utilizado sin vergüenza la inmigración, y a los inmigrantes, como arma electoral. Un arma electoral que, además, sale gratis ya que, en general, y así de entrada, el inmigrante no puede votar (parece ser que es bueno para trabajar, pero no para decidir), y por tanto no puede utilizar un hipotético voto para castigar a quien se comporta de esta forma.
La derecha utiliza la inmigración como cebo para pescar los votos de las personas de las clases más populares, de los que mayoritariamente se nutren los partidos de izquierdas, utilizando algo tan repugnante como efectivo: el miedo. Miedo porque el inmigrante te quitará el trabajo, miedo porque el inmigrante acaparará las ayudas sociales, por que el inmigrante te impondrá sus costumbres...
Y para esparcir ese miedo, no ha dudado en aplicar algunos de
los principios de la propaganda atribuidos a Goebbels, como por ejemplo el del contagio (equiparando inmigrante y delincuente) o el de la exageración y desfiguración (amplificando cualquier noticia negativa protagonizada por inmigrantes). Así, todos hemos sentido en relación con un delito decir que los autores son magrebíes, subsaharianos, sudamericanos o de Europa del Este, pero casi nunca que son de Barcelona o de Córdoba. También aplican punto por punto los principios de la orquestación, repitiendo muchas veces lo mismo,
o el de la verosimilitud, difundiendo rumores falsos por varios canales de forma que cuando llegan al receptor tengan apariencia de realidad (ejemplo paradigmático de esto es decir que los inmigrantes que tienen negocios no pagan impuestos o insinuar que tienen un trato de favor de las administraciones, como la propia Alicia Sánchez Camacho hacía el lunes). De manual, vaya.
Como digo, no es nuevo, pero hasta ahora, siempre habían querido cubrir estas actuaciones con una pátina de legalidad. Nos querían hacer creer que no atacaban a los inmigrantes por el solo hecho de serlo, sino para cumplir la legalidad, bien porque eran delincuentes (esta asociación que tanto les gusta), bien porque no se encontraban en situación legal (tenemos muy reciente el caso de la negativa a empadronarlos protagonizada por el Ayuntamiento de Vic y otros). No es que nos engañasen, pero al menos disimulaban.
Pero ahora ya no, finalmente han dejado de lado las formas y han decidido que ya no hacía falta disimular ni ampararse en una hipotética defensa de la legalidad así que, liderados por Sarkozy, han tirado del derecho, echando fuera de Francia a ciudadanos comunitarios (concretamente rumanos) por el solo hecho de pertenecer a la etnia gitana. Evidentemente esto es un gesto de cara a la galería dirigido a un público al que le gustan estas cosas (que desgraciadamente existe), ya que nadie podrá impedir que los ciudadanos expulsados, o los que han recibido trescientos euros por irse, vuelvan a entrar en el país, pero no por ello debe dejar de preocuparnos. Y no sólo porque los Sánchez Camacho, García Albiol o Fernández Díaz de turno enseguida se apuntan a estas movidas (todos recordamos el cartel de "no Queremos rumanos"), sino porque son una manifestación más del crecimiento de la xenofobia en el mundo, como acreditan, por ejemplo, los veinte diputados obtenidos por el partido xenófobo Demócratas de Suecia en las recientes elecciones.
Atacar al más débil es muy fácil, y no lo podemos consentir, ni por acción, ni por omisión. De ninguna manera podemos ser tibios ni tolerantes con los intolerantes. Es tarea de todos y todas conseguir un mundo donde nadie sea discriminado por razón de su origen nacional o social, y debemos empezar por nuestro entorno más inmediato. Y no porque lo diga la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino porque es de justicia.