Presenta un ERE que afecta a 881 trabajadores
Una más: la Mutua de Terrassa cierra la unidad de rehabilitación y deja sin servicio a 400.000 personas
06/07/2011
18:15
X. Prera.- El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que prepara el Hospital Universitario Mutua de Terrassa afectará, de una manera u otra, a 881 trabajadores, y supondrá el práctico cierre de las unidades de rehabilitación, reumatología y endocrinología.
El comité de empresa del centro supo de mano de la empresa hasta donde pretende llegar esta en una reunión mantenida este miércoles, y las perspectivas no son buenas.
A un total de 146 personas se les suspende el contrato durante un año prorrogable a doce meses más, mientras que el resto, más de 600 personas, sufrirán una reducción de jornada que desde el 10% al 70% en algunos casos minoritarios.
Lo más grave, según explica en PressDigital el portavoz de CCOO en el centro, Juan Carlos Delgado, es que este expediente supondrá el cierre de las unidades de rehabilitación, reumatología y endocrinología.
El primer caso afecta a una población de más de 400.000 personas -Terrassa, Sant Quirze, Sant Cugat-Valldoreix, Les Planes, La Floresta, Rubí, Mirasol y Viladecavalls-que ya arrastran unas listas de espera superior al año, mientras que en el caso de las unidades especializadas en reumas y endocrino la afectación es superior al millón de usuarios que, a partir de ahora, "tendrán que buscarse la vida" pagando desplazamientos a Barcelona o médicos privados.
Cinco residentes
Fuentes del servicio de rehabilitación consultadas por PressDigital aseguran, asimismo, que este ERE tiene unas consecuencias insólitas en el sistema sanitario catalán, ya que además de la suspensión de contratos a 71 personas "que no saben hasta qué punto volverán a trabajar en doce meses", el tijeretazo también afecta a cinco médicos residentes a que la administración se ha comprometido a recolocar en otros centros sanitarios. Nunca había ocurrido esto.
Privatización
Los sindicatos también temen que este ERE sea utilizado por el centro para crear una empresa privada de rehabilitación que disminuya el gasto actual a cambio de bajar las condiciones de trabajo de las más de 70 personas que ahora se han quedado sin trabajo. "Se abre la puerta a una posible privatización", aseguran.