El Gobierno ha aprobado el anteproyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas, que estrecha el control del gasto en todas los niveles de gobierno, especialmente en las comunidades autónomas, que no podrán incurrir en déficit a partir de 2020.
El Ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, ha anunciado que el anteproyecto respeta "al máximo" el Estado de las autonomías. Según la Ley que prepara el Gobierno, ninguna autonomía podrá incurrir en déficit estructural, salvo en caso de recesión, catástrofe o emergencia.
Un déficit estructural obligará a fijar un plan de reequilibrio y, por el contrario, el cumplimiento facilitará el acceso a subvenciones y recursos. En caso de incumplimiento, las Administraciones tendrán que dejar un depósito del 0,2% del PIB. Si persiste, esta cantidad pasará a ser una multa.
Soraya: "España está tomando la delantera y además en un plazo muy reducido"
Al término de la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado que esta ley es una "reforma estructural de primer orden", que convierte al país en "referente" en Europa en materia de gobernanza económica y en "pionero" en el control del gasto. "España está tomando la delantera y además en un plazo muy reducido", añadió.
Para la portavoz del Gobierno, la consolidación fiscal es "imprescindible" para volver a la senda del crecimiento y del empleo y para devolver la credibilidad y la confianza en el país.
Además, resaltó que la reducción del déficit y la deuda pública es necesaria para coadyuvar al crecimiento económico, ya que, por un lado, contribuirá a la recuperación del crédito y, por otro, es "imprescindible" para asegurar el estado del bienestar, ya que el menor coste de los intereses de la deuda permitirá destinar este dinero a sanidad, educación o servicios sociales.
Sáenz de Santamaría indicó que el anteproyecto, que se envía ahora el Consejo de Estado antes de la aprobación definitiva por parte del Gobierno, cuenta con el consenso de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, a los que el Ejecutivo espera sumar un "amplio consenso" parlamentario.