Estrasburgo y Audiencia Nacional

El Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo ha condenado al Estado español a liberar "lo antes posible" a la miembro de ETA Inés del Río, Nieves o Pequeña, a indemnizarla con 30.000 euros y a pegarle 1.500 más en concepto de costas del proceso. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz ha afirmado, sin embargo, que no acatará la sentencia y que interpondrá un recurso para mantener el encarcelamiento de la afectada.

Nieves fue condenada a más de 3.000 años de prisión por más de 20 asesinatos cometidos por aquel "comando Madrid" del que formaban parte también Antonio Troitiño, liberado por error y recientemente detenido cerca de Londres, e Iñaki de Juana Chaos, en paradero desconocido después de haber cumplido la pena, pero reclamado con una acusación sobrevenida de supuesta apología del terrorismo.

La sentencia del tribunal europeo admite el recurso de Pequeña contra la aplicación de la llamada "doctrina Parot" que, a partir de 2009 extiende a la práctica hasta el máximo de tiempo del cumplimiento de condenas (30 años) las aplicadas a delitos de terrorismo, mediante un cambio en las deducciones de tiempo de estancia en prisión por beneficios penitenciarios, que dejaron de ser aplicables sobre estas tres décadas de pena efectiva máxima, para descontarse del total de los años impuestos.

La instancia continental sigue el principio de seguridad jurídica que impide la aplicación retroactiva de cambios legales cuando supongan perjuicios para los reos juzgados antes de la reforma. Y, en consecuencia, encuentra que no se ha respetado el derecho constitucional de Del Rio a la seguridad judicial ya la libertad.

Resulta difícil (nada es imposible) prever que en Estrasburgo prospere el recurso contra una resolución tomada por unanimidad de los magistrados. Todavía queda la vía de ignorarla, como hacen algunos países con este tribunal y la Corte Internacional de La Haya, pero podría añadir aún más desprestigio a un Estado en horas bajas ante la Unión Europea y la comunidad internacional en general.

Además, hay un total de 67 presos de ETA más los que se ha aplicado la doctrina Parot con carácter retroactivo y que podrían acogerse a la jurisprudencia creada en la instancia europea con grandes posibilidades de éxito en detrimento de la credibilidad del sistema judicial y penitenciario español.
Si es lógica la oposición social-sobre todo de las víctimas-a ver en libertad a los verdugos de sus familiares, siempre hay que recordar el lema que el Estado que no preserva los derechos del peor de los criminales acabará violando los de los ciudadanos ejemplares. Y hemos visto exculpados, por vicios en la instrucción u otros tejemanejes de los defensores, acusados ​​de delitos casi tan odiados socialmente como los de terrorismo.

Las leyes e instancias judiciales excepcionales avalan el máximo rigor en las penas pero, indirectamente, pueden favorecer la falta de respeto a derechos fundamentales. En el sistema español, la Audiencia Nacional es un tribunal especial, al margen de las instancias ordinarias, para delitos concretos, entre ellos los de terrorismo, y con aplicaciones de penas más fuertes. En el País Vasco, haciendo caricatura, decían que la quema de un contenedor en Euskadi puede comportar seis años de cárcel, y en cambio una multa o poco más a cualquier otro lugar del Estado.

Recurrida o no, esta no ha sido la primera condena de Estrasburgo a España por no respetar derechos humanos. Una anterior se derivó de la redada del magistrado Garzón en Cataluña, poco antes de los Juegos del 92, por no investigar los indicios razonables de torturas a varios detenidos, la mayoría de los cuales-además-fueron exonerados de los cargos.

Y en cuanto a la Audiencia Nacional, su presidente, Ángel Juanes Peces, afirmaba en San Benito que, si el fin de la violencia de ETA se consolida, habrá que "reestructurarse sus competencias", ampliándolas a delitos de redes internacionales, por internet, o de tráfico de seres humanos. En definitiva, a justificar su supervivencia que, según Juanes, "hay que mantener", quién sabe si para conservar su puesto y el del resto de funcionarios. Ojalá llegue el caso de la desaparición de la organización armada. Será la hora de debatir si, efectivamente, hay que mantener este tribunal especial, el presidente al que reconocía, en el mismo acto, que le ha "mermado bastante" el trabajo